Ampliación de la seguridad social en la región, una tarea pendiente

12/06/2012

Por Pilar Contreras

Asesora regional de protección social e ingresos

HelpAge International América Latina

Durante la inauguración del Seminario Internacional Durante la inauguración del Seminario Internacional (c) HelpAge International  

Un seminario organizado por la OIT, OISS y HelpAge International analizó la necesidad de ampliar la cobertura de los sistemas de seguridad social, para incluir a los trabajadores informales y a las personas adultas mayores.

Ampliar la cobertura de seguridad social hacia los trabajadores informales, fue la preocupación principal de Seminario Internacional Sistemas de Seguridad Social en Latinoamérica "Desafíos para la extensión de la cobertura de la protección social en la región andina", realizado en la sede de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo OIT, en Lima, Perú del 22 al 23 de mayo.

La Oficina para los Países Andinos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), HelpAge International y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) organizaron este seminario internacional cuyo principal objetivo fue reflexionar sobre cuáles serían los mecanismos apropiados para disminuirla desprotección social en la región.

En el seminario participaron, entre otros, Francisco Jacob, Vicesecretario General de la OISS con un Análisis comparativo de la Protección Social en América Latina; Julio Gómez de la OIT con la evaluación final del "Programa para la Extensión de la Protección Social en los Países de la Subregión Andina" y Pilar Contreras de
HelpAge International con la investigación "Personas Adultas Mayores: ingresos y trabajo".

Uno de los temas tratados fue el "Piso de protección social", iniciativa impulsada por la OIT y expuesta por el especialista en Seguridad Social, Pablo Casali. Los datos señalan que en el presente, cuatro de cada cinco personas en el mundo no perciben una pensión contributiva que les garantice una vejez digna. Pablo Casali explicó quela seguridad social es un derecho humano que promueve la ciudadanía y la cohesión social; facilita el empleo productivo y mejora la productividad; además reduce la pobreza y la vulnerabilidad. Por lo tanto es una necesidad y una obligación en el marco de los instrumentos de Derechos Humanos.

El evento también contó con la presencia de responsables de pensiones no contributivas de México, Paraguay, Bolivia y Perú, quienes además de presentar los programas dirigidos a combatir la pobreza de las personas adultas mayores en sus países; compartieron una mesa técnica en la que debatieron sobre temas como: a) Focalización vs. Universalización; b) Mecanismos de pago; c) Fuentes de financiamiento; d) Temporalidad de la medida; e) Impacto en la economía familiar y comunitaria.

Como debilidades de estos programas se identificaron: la falta de un registro único de adultos mayores que permitiría una aplicación integral de la protección social dirigida a este grupo etareo; la focalización en las personas más pobres, que genera dificultades en la identificación del "verdaderamente pobre"; la falta de instrumentos adecuados para medir la pobreza de las personas mayores, y por ultimo, la falta de recursos técnicos para llegar a los lugares más alejados del país.

La experiencia Latinoamericana en pensiones no contributivas

México

Según lo planteado por el representante del Gobierno mexicano, la protección social del país debe ser gestionada de
manera integral; es decir, en coordinación con otras reparticiones estatales y la participación activa de la población. En México el Programa "70 y más" recientemente relanzado con carácter universal, trabaja en coordinación con los ministerios de salud y educación para brindar un servicio integral a los beneficiarios; además cuenta con una red social de más de 20 mil voluntarios en todo el territorio mexicano.

Perú

"Pensión 65", sin duda, se trata de la experiencia en pensiones no contributivas más joven de la región latinoamericana y
está dirigida a personas mayores de 65 años que viven en extrema pobreza. La ejecución del programa ha permitido verque los instrumentos nacionales que se utilizan para medir la pobreza, basados en porcentaje de ingreso familiar, no son adecuados para la población adulta mayor,dado que muchos de ellos debido a que viven con su familia son excluidos de estos programas, a pesar de no tener un ingreso personal.

En este contexto, se vio la necesidad de empoderar a los gobiernos locales en temas de vejez y envejecimiento, para así llegar a más beneficiarios.El país prepara la evaluación de impacto, que permitirá determinar cuáles fueron las dinámicas generadas a raíz de su aplicación, tanto a nivel público como privado.

Paraguay

La Pensión Alimentaria, focalizada en personas mayores de 65 años que viven en pobreza está vigente en el país desde 2009.
En dos años de aplicación, la Unidad Económica y Social (UES) ha enfrentado las mismas dificultades que hoy atraviesa
el gobierno peruano. No es fácil medir la pobreza de las personas mayores, porque muchas veces los instrumentos aplican
parámetros urbanos y se basan más en el
hogar, que en el individuo. Esto motivó a realizar modificaciones a la ley inicial como el convenio que determinó la
universalización de la Pensión Alimentaria en comunidades indígenas.

Además de ello el país está trabajando en la ruralización de la ficha que mide el Índice de Calidad de Vida y las Necesidades Básicas
Insatisfechas. Con estas dos acciones la UES pretende alcanzar al verdadero beneficiario.

En la primera evaluación, se concluyó que la Pensión Alimentaria ha impactado positivamente sobre la calidad de la
vivienda y la alimentación de los beneficiarios, y también ha disminuido la dependencia laboral de las personas
adultas mayores.

Bolivia

La Renta Dignidad es la única medida de carácter universal vigente en la región. Esta pensión no contributiva está
planteada como un derecho ciudadano y se encuentra establecida en la Constitución Política del Estado.

Según el Viceministro de pensiones de Bolivia, Mario Guillén, la pensión no contributiva si bien presenta dificultades
en su aplicación, por las posibles violaciones a la norma, la cantidad de denuncias de mala distribución no disminuyen el impacto real que tiene sobre la vida de las personas adultas mayores del país.

Aunque el monto parecería ser muy bajo dado que alcanza sólo a 30 USD mensuales, para los beneficiarios es una
garantía que les permite cubrir gastos en salud, ayudar a su familia, evitar la mendicidad, buscar trabajos más seguros
y sobre todo le devuelve el reconocimiento familiar y comunitario.

En la medida, señala Guillén, en que se amplíe la cobertura de los programas contributivos de seguridad social, menores serán las necesidades financieras para las políticas no contributivasy también se disminuirá la pobreza de los adultos
mayores: "pero entre tanto, estos 30 USD mensuales son necesarios para ellos".

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